El segundo retiro del 10% polarizó aún más las mermadas voluntades políticas del país. En opinión de algunos sectores más allegados a la centro-derecha, es el futuro y sobrevivencia del sistema de capitalización individual el que ha sido vulnerado, mientras la centro-izquierda defiende que la justificación de un segundo retiro está a la vista: quiebra de PYMES, destrucción de múltiples plazas de trabajo y masiva pérdida de empleos tras los eventos de octubre y post pandemia, sumado a políticas asistenciales y medidas de urgencia en apariencia deficientes por parte del gobierno.
De uno y otro lado de la trinchera política ambos argumentos llevan razón, aunque es del todo evidente también que son trascendidos por una refriega mucho más arcaica y espinosa, que en términos muy simplistas se podría sintetizar en la tenaz desavenencia entre los partidarios del laizzes faire y los apologistas del Estado; dicha diferencia que por décadas se creyó zanjada tras el retorno a la democracia y la matización del modelo económico neoliberal hacia la llamada “Economía Social de Mercado”, hoy vuelve a la palestra exacerbada por los albures a los que hemos debido amoldarnos este 2020. En definitiva: mientras el gobierno hace lo posible por mantener en vigencia y salud al sistema de AFP, ciertos sectores de oposición (naturalmente no todos) dieron con el salvoconducto que les permitiría al fin derribarlo, para imponer en su lugar un malogrado sistema de reparto.
La experiencia de países desarrollados con ejemplares sistemas previsionales (caso de Holanda, Dinamarca y Australia) demuestra que ni la capitalización individual ni el reparto bastan por sí solos y que todo sistema previsional en forma, resulta en una mixtura de aportes estatales (pensión básica general), privados (parte del sueldo imponible aportado por los empleadores) e individuales (consistentes en una capitalización voluntaria) que no es del todo desemejante a la orientación que propone la tercera reforma de pensiones del año 2019. Sin embargo la desconfianza frente al sistema de AFP está hace tiempo instalada y en nada ayuda el hermetismo de las inversiones que estas realizan o su funcionabilidad de caja negra, como tampoco el copioso historial de connotados políticos -y sus correspondientes operadores- que han transitado durante décadas entre el parlamento y los altos cargos directivos de las administradoras, amarrando el sistema y germinando la clásica formula neoliberal de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, esto último facilitado por polémicas reformas consumadas durante los gobiernos concertacionistas, como la de permitir rentabilidades negativas que en definitiva facilitó a las AFP generar pérdidas (o lo que es lo mismo: invertir mal) traspasando el riesgo y esas pérdidas a los cotizantes.
El colmo de las abstracciones del sistema serían las supuestas “triangulaciones”, como la denunciada recientemente por el economista Gino Lorenzini de Felices y Forrados, denuncia de que envuelve directamente al Presidente de la República en la maraña de nexos e inversiones liosas generadas en torno a las administradoras. Años atrás se acusó de triangulación al primogénito del clan y creador de las AFP: José Piñera, pero esta vez los dardos caen más cerca de la familia nuclear del Presidente, dada su relación con la administradora de fondos Moneda Asset: empresa que maneja su fideicomiso ciego, hoy investigada por una supuesta triangulación con AFP Hábitat, a ello se suma el caso de Volcom, administradora de fondos creada en sociedad el año 2015 por Sebastián Piñera Morel (hijo del Presidente) y Felipe Larraín Aninat (hermano del Gerente General de la Asociación de AFP), que fue puesta en la palestra por Lorenzini, quien inquiere que a pesar de ser un emprendimiento novel y sin calificación de riesgo, logró percibir millonarias inversiones de cinco grandes como Hábitat, Cúprum, Provida, Capital y PlanVital, y lo aún más grave: pese a generar en un solo día pérdidas por sobre los 120 millones de dólares, al mes siguiente continuó recibiendo inversiones de estas mismas AFP.
Lo arriba expuesto es hoy materia de investigación, razón por la cual no es posible adelantar juicios, sin embargo como señalé anteriormente, la sospecha contra el actual sistema previsional está hace tiempo instalada y es difícil ya revertirla. A la presión por las pensiones bajas (generalmente asociadas a bajos ingresos y lagunas en las cotizaciones) se suma la sospecha orgánica por mal manejo y la captura política que habría convertido un sistema medianamente eficiente en una red de amiguismo, círculos de negocio y cleptocracia, todo lo cual se torna mucho más emético cuando se cae en la cuenta de que el dinero especulado sale mes a mes de nuestras billeteras, de las renuncias de consumo de los adultos mayores y de la esperanza de millones de chilenos que casi sin cuestionárselo cedieron parte de sus ingresos (que bien pudieron administrar ellos mismos) a una institucionalidad respaldada por el Estado en pro de una jubilación digna. Volviendo al inicio: el primer y segundo retiro del 10% es un golpe bajo a la estabilidad de un sistema que aún más amañado en tiempos de democracia perdió gran parte de soporte y credibilidad. En los últimos treinta años las AFP compraron complicidades del Estado vía articulación de operadores políticos y enroque de diputados, seremis y ministros entre la esfera pública y la alta dirección de las administradoras.
Sin duda, la merma en la liquidez de las AFP debido al retiro masivo de ambos 10% afectará directamente el caudal de las inversiones generando menores retornos por cartera que en el mediano plazo sólo perjudicará a los cotizantes, sin contar el hecho de que quienes hicieron el retiro en alguna o en ambas oportunidades deberán considerar formas anexas de ahorro (como invertir en una APV) para que su decisión del presente no se pan para hoy y hambre para mañana. Los efectos inflacionarios que pueda generar sobre la economía el repentino incremento de circulante, están aún por verse, lo claro es que esta derrota flagrante de las AFP (y de rebote de todos los cotizantes) es considerada como un triunfo pírrico por una izquierda populista que busca desmontar el modelo hasta de las formas más heterodoxas, aprovechando la dura coyuntura, aunque ha sido también la política en términos generales la que ha venido corrompiéndolo desde hace décadas. De esta manera al actual sistema previsional le restan sólo dos opciones de cara al nuevo Chile que se comenzó a construir desde el plebiscito: transperantarse o morir.
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