Dos procesos diametralmente opuestos

El pasado 3 de noviembre, se vivió una de las elecciones más polémicas y abatidas en la historia de Estados Unidos. Sólo a diez días del sufragio, se concluyó la proyección definitiva de los resultados electorales, posicionado al candidato demócrata Joe Biden con 306 votos electorales por sobre el actual Presidente y candidato republicano Donald Trump, que obtuvo 232.

Bajo fundadas sospechas de fraude (fue expuesto –por ejemplo- que sólo en la ciudad de Detroit se duplicaron cerca de 5000 registros de votantes y votaron más de 2000 personas registradas muertas, entre otras muchas irregularidades facilitadas por lo maleable del sistema de voto por correo), el actual mandatario norteamericano sigue desconociendo el contundente triunfo de Biden, extendiéndose la polémica no sólo a nivel de la muy militante facción nacionalista del partido republicano que apoya férreamente a Trump, sino también entre un insospechado electorado que sin ser el público objetivo de los republicanos (ejemplo: latinos y los afroamericanos), se inclinó por Trump, engrosando la no despreciable cantidad de 73 millones de votos, así mismo una diversa casta de analistas políticos y electorales ven en el rancio sistema electoral colegiado, la principal fuente de los problemas de representatividad en las elecciones estadounidenses y una puerta abierta a las maquinaciones sectoriales.

Se suma a lo anterior el juicio terminante de no pocos analistas internacionales que intuyen que el triunfo de Biden no implica sólo la alternancia de un demócrata en el poder, corresponde fundamentalmente al reposicionamiento del establishment económico globalista, identificado comúnmente bajo términos como el de “complejo militar-industrial” o “Estado profundo”, y cuyo incuestionable dominio en la política doméstica e internacional de Estados Unidos, fue iniciada al menos desde el gobierno de Bush padre a comienzos de la década de los ’90 y puesta en jaque desde la llega de Donald Trump a la Casa Blanca en 2016, este último: defensor de una política industrial proteccionista y de un nacionalismo económico crítico de la globalización financierista, la cual en buena medida se basa en pura especulación bursátil (derivados, swaps…) y en el ampuloso posicionamiento de los monopolios tecnológicos (Microsofot, Amazon, Apple, Google, Tesla…) y energéticos, además de la transnacionalización sin límites de las inversiones y amago constante de fuga capitales hacia la cadena de valor de países en vías desarrollo o la módica y pujante industria china, todo lo cual ha ido en detrimento del país de origen, cada vez más afectado por los altos índices de desempleo, la quiebra de medianas y grandes empresas y la desprotección social.

Este Donald Trump, personaje mediático, pero outsider de la política, se ganó la enemistad de buena parte del planeta con su carácter agrio y su personalidad soberbia y flemática, sin embargo fue y sigue siendo la opción y esperanza de muchos estadounidenses que creyeron férreamente en su proyecto político condensado en la máxima “Make America Great Again” que persiguió a toda costa restablecer la economía doméstica, reactivando la industria y quitándole piso a los lobbys globalistas, además de formular el cese de financiamiento a la maquinaria de guerra en Oriente Medio, ordenando retirar parte importante de las tropas en Irak y Afganistán (en los límites que le fue permitido) y reduciendo incluso el contingente de la OTAN. Normal por tanto que todo el establishment norteamericano: desde la industria del armamento, a los especuladores bursátiles y grandes consorcios petroleros (con intereses creados en la desestabilización constante de los países del Cercano Oriente), se fueran en su contra, aceitando la maquinaria política, al Pentágono, a los medios de comunicación de masas y a las redes sociales, cuyos accionistas forman parte en las mismas redes, logrando imponer un “pensamiento único” anti-Trump y progresista a la opinión pública (es bastante ilustrativo, por ejemplo, cómo Twitter censuró descaradamente los tweets de DT o cómo los canales de televisión abierta optaron por “cortar” la transmisión a una cadena nacional del Presidente), frente a la cual además, la figura de Kamala Harris fue afianzada capciosamente con la causa del feminismo.

Muy curiosamente, la contracara del proceso estadounidense la vivimos en Chile el pasado 25 de octubre, cuando la opción del Apruebo se impuso apabullantemente con un 78% sobre el Rechazo (22%), en un mítico referéndum que no sólo dio la vuelta de página a la Constitución de 1980, fue significativamente también un revés al modelo económico neoliberal y al globalismo que este lleva implícito, en favor de oligopolios locales e internacionales que crecen desmedidamente cual “parásitos” (en palabras del analista lituano Daniel Estulin) a costa de las privaciones de las personas y al alero de los estados contra los cuales predican, los cuales sin embargo les confieren resguardo suficiente para sistematizar sus abusos. Resulta irónico entonces que quienes votaron y festejaron el triunfo del Apruebo en octubre, elogiaran hace dos semanas la seudo-derrota de Trump, más embaucados –quizás- por el discurso único de los medios, que motivados por la natural antipatía que genera el actual mandatario.

Conviene recordar sin embargo que sólo en el último año el mundo cambió y cambió para siempre. Imposible entonces que sigamos remando con los mismos paradigmas de antaño, legitimando castas políticas fracasadas y en gran medida responsables de la aguda crisis financiera e inestabilidad planetaria; siempre escudadas en un falaz discurso de democracia liberal que inspirado en la doctrina de Isaiah Berlin generó un infalible mecanismo de manipulación de masas que por un lado nos transmite una imagen hollywoodense sobre la administración, exaltando valores de gran cuantía para el género humano como el respeto por los DD.HH., la tolerancia y el pluralismo, mientras que las verdaderas acciones políticas, taponeadas bajo el silencio de los medios y capas de desinformación, apuntan en la dirección contraria, pautadas por una agenda aciaga, hecha a la medida de los intereses corporativos y jamás del común de las personas. Es por ello que como bien expresó la economista italiana Ilaria Bifarini: “Este no es el momento para los moderados, los moderados son de hecho nuestra perdición”. Donald Trump no tiene ni el carisma de Obama, ni la aparente caballerosidad de Biden, pero sus cuatro años de gobierno definitivamente fueron mucho menos nocivos para el mundo que los ocho anteriores en que el afroamericano fue Presidente y Biden su Vicepresidente.

En palabras del gran analista geopolítico libanés-mexicano Alfredo Jalife, lo que Trump denuncia no es sólo un fraude electoral sino un “fraude sistémico” que lo compromete todo: desde las instituciones y el sistema electoral colegiado a las encuestadoras (que sobreestimaron convenientemente el triunfo de Biden), los mass media, las RRSS y el mundo corporativo. Esperemos que el resto del planeta no resienta una vez más los coletazos de esta pugna de poderes al interior de la principal potencial mundial hoy venida a menos.

El trilema de Rodrik y el dilema de Chile: ¿cómo subsanar las deficiencias del modelo económico?

 

El pasado mes de junio, el laureado economista turco Dani Rodrik recibió el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, en reconocimiento a su trabajo dedicado al estudio de la globalización, las desigualdades inherentes al modelo económico neoliberal y su compromiso por reconstruir y humanizar la economía global, integrando a la bonanza a una creciente colectividad que hasta hoy no ha obtenido grandes beneficios del proceso globalizador y muy por el contrario, se han visto perjudicados en la cabal apertura de fronteras frente a criterios de eficiencia, especialización, automatización/sistematización y transmigración del capital productivo, los que  a su vez propician la concentración económica, el aumento del desempleo en los países medianamente desarrollados e incremento del subempleo y de la economía sumergida (incluyendo el lavado de activos y el narcotráfico) en los países en vías de desarrollo.

Rodrik -a la postre pariente de la afamada diseñadora de vestuario Sarika Rodrik- nació en Estambúl en 1957 en el seno de una familia judía de origen sefardí, se graduó en la Universidad anglófona Robert College para luego proseguir un doctorado en economía en Harvard y un máster en administración pública en Princeton; al día de hoy imparte clases de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y es reconocido como uno de los economistas más influyentes del mundo. 

No es inédito el vínculo  de los intelectuales judíos con la economía, siendo acreditados desde inicios de la disciplina con David Ricardo, y destacando en todas las escuelas, desde los intelectuales marxistas principiando por el propio Karl Marx (Issak Rubin, Rosa Luxemburgo, Ernest Mandel, Immanuel Wallerstein, Noam Chomsky) y los economistas keynesianos (Erwin Rothbarth, Joseph Stiglitz, Paul Krugman) a los popes de la escuela austriaca (Ludwing von Mises y Murray Rothbard) y de la escuela de Chicago (Milton Friedman y Merton Miller), estas últimas origen del pensamiento económico heterodoxo, del monetarismo y del neoliberalismo que comenzaron a germinar en Chile a fines de los años ’50 y se hicieron monopólicos desde la década de los ’70 con el gobierno militar y su manual de ajuste: la Constitución de 1980.  

Los planteamientos de Rodrik, consistente crítica al neoliberalismo, se condensan en su famoso “trilema”, el cual expone que la globalización económica ha alcanzado un tope y hoy se enfrenta a una compleja disyuntiva, donde entre tres alternativas a escoger los países inmersos en el sistema, sólo tienen capacidad de conjugar dos, las alternativas son:

• Hiperglobalización económica

• Solidez democrática

• Soberanía nacional

Sobra destacar que cada una de estas tres son imprescindibles llaves hacia el crecimiento y prosperidad que toda nación (y las élites que las gobiernan) persigue. Pero el trilema es real y es así como muchos países (caso de Chile) han debido enfrentarlo renunciando a la soberanía nacional con tal de privilegiar los aportes de la globalización y el quid ideológico de la democracia pluralista para gravitarlos. Otros, impedidos de sobrevivir sin la globalización, han optado por mantener férrea la soberanía nacional sacrificando la democracia, es el caso de ricos países, pero en extremo conservadores y apegados a las tradiciones como Arabia Saudita y Emiratos Árabes, pero también es el muy ilustrativo caso de China.

Por su parte, otros países están sacrificando las ventajas de una hiperglobalización para robustecer la soberanía nacional y mantener la cohesión democrática, es el caso de Estados Unidos en la era Trump, empecinado en poner cotos a la globalización económica (que antaño liderara e impusiera a otros países) con el fin de salvaguardar la industria nacional, amenazada en tiempos globales por la mayor eficiencia del industrialismo chino. Este escenario nada baladí, tuvo su mayor destello en la Guerra Comercial iniciada en 2018 por Estados Unidos no sólo en contra de China, sino también en plan de intimidación contra todo país que privilegiara su comercio con el país asiático, afectando gravosamente las exportaciones de acero, petróleo, soya, plata y cobre, entre otros muchos productos de primer orden para consumo y manufactura.

Persiste en Chile un sorprendente desfase en la lectura del contexto global y aun muchos parecen no haberse dado cuenta de lo que por años consideramos un modelo económico exitoso, actualmente está siendo duramente cuestionado hasta por quienes lo impusieron en Latinoamérica vía Consenso de Washington o vía golpe de Estado (en el caso chileno), pero que curiosamente es la apuesta de futuro de países como la China capitalista, comunista y no democrática que tiene a su haber grandes proyectos de infraestructura global como la Nueva Ruta de la Seda, del que ningún país se quiere sustraer.

No es casual hoy en día el revenir de una derecha tradicional soberanista que se expresa desde el aparente “populismo” de Donald Trump o Viktor Orban en Hungría, a movimientos contra-hegemónicos de corte neofascista y anti-globalista en la sociedad civil, caso de CasaPound en Italia o el Amanecer Dorado en Grecia y procesos políticos de retracción como el Brexit. También reviene una izquierda anti-progresista que ve en la globalización el summum del imperialismo y las relaciones centro-periferia. La razón tras este quiebre, se explica buenamente en el trilema de Rodrik, quien además considera entre los perdedores de este estadio de globalización no sólo a los pobres o a los trabajares poco cualificados marginados del sistema, sino también a importantes grupos empresariales y lobbys industriales impedidos de competir con la exportación extranjera, no al menos sin mediar fuertes medidas proteccionistas (iliberales) del Estado como afanosos impuestos a la importación, subsidios y dumping.  

Explicado el trilema de Rodrik, nos resta hablar del dilema de Chile: ¿equidad? o ¿crecimiento?, dilema que durante años ha dejado al margen el “y”, agudizado por el fundamentalismo neoliberal para el cual la posibilidad de consolidar unidos equidad y crecimiento viene siempre aparejada de la teoría del chorreo, que dicho sea de paso no es tal cosa, o al menos no tiene ninguna posibilidad de prosperar en un país como el nuestro donde la inequidad en la distribución de los recursos es escandalosa, a tal punto que el 20% más rico acapara sobre el 70% de la riqueza nacional (sólo el 1% más rico concentra el 33%) y donde a lo menos un 17% de chilenos vive por sobre el umbral de sus posibilidades, es decir agudamente endeudados. Un país donde además en espacio de pocos kilómetros coexisten comunas con estándares de vida centroeuropeos y otras muchas no muy distantes al de países centroamericanos como Nicaragua, Salvador o Guatemala. 

Existe hoy un criterio de convergencia frente a la necesidad de reformar el Estado y en el que parecen estar de acuerdo los más diversos actores políticos desde la centro-derecha a las filas del Frente Amplio, el núcleo de este eje ha sido la Nueva Constitución en el debate plebiscitario; aunque desde ya es posible adelantar que no se logará superar el persistente dilema y que cualquier Constitución a la larga no será más que letra muerta, a menos que se consoliden una mayor presión fiscal y un mayor gasto social, equiparables al resto de países de la OCDE. 

Como lo he destacado muchas veces, la crisis de la democracia es global y el proceso que venimos viviendo en Chile desde el 18 de Octubre del año 2019 es sólo la expresión local de esta crisis, aunque extremada por las persistentes inequidades  y la atemporalidad estamental de una rígida pirámide social heredada de tiempos de la colonia, pero que no se condice con la sociedad altamente compleja e ilustrada que somos hoy en día. El peligro de un crecimiento sin equidad no es sólo la inminencia de un nuevo estallido social, sino también el asecho del populismo, de los extremismos políticos y de la injerencia extranjera, que toman partido de las debilidades de los países de dar cara a los embates de la globalización.

Apruebo vs Rechazo: ¿una Constitución actual? o ¿la actual Constitución?

Dentro de sólo 48 días los chilenos dirimiremos el futuro de la norma jurídica de mayor jerarquía del Estado: la carta magna elemental, nuestra Constitución Política que en un proceso abierto y democrático volverá a reivindicar al "Poder Constituyente Originario": la nación, que más allá de qué opción (#Apruebo o #Rechazo) triunfe el próximo 25 de octubre, será lo que determine la vigencia de la actual carta o su virtual culminación, legitimando el ordenamiento jurídico a través de la participación efectiva. 

Para los partidarios del #Rechazo esta es la oportunidad de asentar y reivindicar la Constitución  de 1980, para que desde la ratificación plebiscitaria cese de ser oficialmente "la Constitución de Pinochet" con toda la carga simbólica que ello implica. Para quienes sostienen el #Apruebo será esta la instancia tan esperada de institucionalizar los cambios culturales que ha vivido el país en los últimos cuarenta años, además reformar al Estado de cara a los complejos desafíos que vienen e incoar la apertura de todos aquellos blindajes y amarres en que la actual Constitución no ha permitido "correr el listón".

Cabe destacar que el proceso constituyente se compone en 4 etapas: la primera que comienza el próximo 25 de octubre consta de dos cédulas electorales: la primera expone la opción de #Apruebo o #Rechazo y la segunda determina qué órgano debe redactar la Nueva Constitución: Opción 1: Una Convención Constitucional, integrada exclusivamente por representantes elegidos popularmente vía Sistema D'Hont u Opción 2: Una Convención Mixta Constitucional, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio.

La segunda etapa presupone el triunfo de la opción #Apruebo y consiste en la elección de candidatos constituyentes populares: 86 representantes para la Convención Mixta y 155 representantes (de 28 distritos) para la Convención Constitucional, asegurándose criterio de paridad de género sólo en el caso de la Convención Constitucional. La tercera etapa sería la redacción de la Nueva Constitución Política que tiene un límite de 9 meses, prorrogables por otros tres.

La cuarta etapa y final sería el plebiscito de salida o de ratificación convocado por el Presidente de la República: en este se hace llegar el proyecto de una Nueva Constitución a la ciudadanía para que contrastándolo con la Constitución Política actual sea oficialmente aprobado o rechazado. En caso de que la ciudadanía rechazara el proyecto de Nueva Constitución, seguirá vigente la actual Constitución de 1980 y en caso de que la ciudadanía apruebe la Nueva Constitución, el Presidente deberá convocar al Congreso Pleno para que en un acto público y solemne se juramente respetar la nueva carta magna del Estado que será publicada y oficializada dentro de los siguientes 10 días en el Diario Oficial.

El plebiscito que estamos próximos a enfrentar es el axioma hacia una democracia de alta intensidad (más integrada, multinivel e igualitaria) o poliarquía en términos del politólogo estadounidense Robert Dahl. No obstante no faltará de que aquí al 25 de octubre la acción anti-cívica y propagandística de grupos que pretenden minar el proceso, incitando la violencia unos y diseminando bulos, desinformación y campañas del terror los otros. Debemos cuidarnos de no ceder ante el maniqueísmo que nos proponen ni en su simplificadora y nefasta tendencia de recrear las barras bravas en política, pues sobra señalar que toda forma de fanatismo puede mancillar irremediablemente el proceso.

Hoy somos una sociedad mucho más compleja que hace 30 o 40 años e independiente de cuál sea la vía (enmiendas sustanciales a la actual Constitución o Nueva Constitución) impera el trazado de ruta hacia una contundente reforma del Estado de manera que podamos absorber en buena forma los embates que nos depara el presente y el futuro más cercano,  tales como: adaptación al cambio climático, sustentabilidad y expansión de la economía circular, automatización, industria 4.0, cooperativismo, comercio justo, reforma sanitaria, reforma al sistema educativo, reforma al sistema previsional, demanda por mayor autonomía de los gobiernos locales, economía de bloque, reforma tributaria, integración y política migratoria, etcétera. ¿Podemos seguir remando con el "principio de subsidiariedad" en este nuevo contexto y en pleno siglo de la inteligencia colectiva?.

Finalmente, vale recalcar que un potencial cambio de Constitución no es un salto al vacío ni equivale a firmar un cheque en blanco como apunta una amplia generalidad de detractores del #Apruebo. El bulo de la hoja en blanco es improcedente en un país con casi 200 años de tradición constitucionalista, ergo el espíritu de las leyes subyace a todo ordenamiento jurídico chileno desde 1833 a la fecha. La Constitución regula los tres poderes del Estado y a los organismos públicos de rango constitucional, otorgando la actual Constitución de 1980 espacios de autonomía a organismos como el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Tribunal Calificador de Elecciones y el Banco Central de Chile, autonomía que es saludable y debiera permanecer intacta en una Nueva Constitución.