Decálogo de Friedrich List

Friedrich List (Reutlingen, 1789-1896), visionario economista alemán, forjador de las bases del desarrollismo, despuntó en el campo de las ideas por su defensa irrestricta del proteccionismo y la inversión estatal en infraestructura (puertos, carreteras, ferrocarriles, telégrafo) y educación como impulsoras vitales del desarrollo industrial frente al libre comercio y la incipiente globalización económica de comienzos del siglo XIX. Administrador público, activista y periodista, sus ideas reformistas, entre las que destaca la Zollverein (propuesta de una Unión Aduanera Alemana) presionaron su exilio a tierras norteamericanas, donde se desarrolló como industrial e inversor en la minería del carbón, además de promover en la prensa escrita las ideas contenidas en su obra cumbre de 1841: El Sistema Nacional de Economía Política (Das nationale System der politischen Ökonomie) para la incipiente industria estadounidense frente a la desleal competencia británica. Al final de su ciclo americano, fue nombrado Cónsul de Sajonia.

En Sudamérica, José Manuel Balmaceda (Presidente de Chile, entre 1886 y 1891) y Juan Domingo Perón (Presidente de Argentina en tres periodos entre 1946 y 1974), llevaron a la práctica el desarrollismo listiano, promoviendo industrialización, infraestructura y sustitución de importaciones para reducir la dependencia externa, enfrentando resistencias como la de la oligarquía terrateniente/minera, del Congreso y la Armada (pro intereses británicos) en el caso de Balmaceda y de la oligarquía agroexportadora, militares anti-peronistas, los sectores liberales, sindicatos y la Unión Cívica Radical en el caso de Perón. Más allá del descrédito y el boicot de casi un siglo a la matriz Estado-céntrica, hacia 1948 surge en Santiago de Chile la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revitalizando las ideas de List sobre proteccionismo económico selectivo y el desarrollo industrial endógeno en sus marcos teóricos, particularmente bajo la influencia del célebre economista Raúl Prebisch, Secretario Ejecutivo de la institución entre 1950 y 1963, pionero en el estudio del estructuralismo económico y la teoría de la dependencia, con una certera hipótesis sobre el deterioro de los términos de intercambio entre las economías industrializadas y los países productores de materias primas.

Actualmente, en el mundo posliberal, las ideas de Friedrich List y su énfasis en el proteccionismo y el desarrollo industrial dirigido por el Estado, resuenan profundamente en el modelo económico chino, caracterizado por la planificación centralizada, protección de industrias estratégicas, billonarias inversiones en proyectos de infraestructura globales como la del Proyecto de la Franja y la Ruta y priorización de la educación técnico-científica bajo el marco de las Cuatro Modernizaciones, ambiciosa política pública orientada desde 1978 a convertir a China en una potencia moderna. Desde las reformas de Deng Xiaoping, que abrieron China al mercado mundial, manteniendo un fuerte control estatal, hasta el liderazgo de Xi Jinping, que ha consolidado esta visión con un enfoque en la autosuficiencia y la influencia sobre el resto de países del globo, China ha adaptado estos principios a la competencia del siglo XXI, proyectando un modelo de desarrollo eficiente y estratégicamente soberano.

Economistas contemporáneos como Ha-Joon Chang, Erik S. Reinert, Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz, Alice Amsden, Robert Wade, Justin Yifu Lin, Sanjaya Lall y Keun Lee refuerzan las tesis de List, promoviendo el proteccionismo y las políticas públicas industriales, en contraposición a los economistas y las escuelas liberales de economía: Chicago, Austríaca, Neoclásica y el inducido Consenso de Washington, que priorizando el libre mercado y la mínima intervención estatal agudizaron los vicios de la globalización desregulada (desigualdad creciente, inestabilidad financiera, migraciones masivas, estancamiento en las economías industrializadas y empobrecimiento de los países en desarrollo) erosionando para siempre la credibilidad de sus teorías y dogmas. Chang y Reinert han demostrado que el proteccionismo histórico catalizó la industrialización en naciones desarrolladas; Rodrik y Stiglitz evidenciaron los límites del mercado desregulado para generar desarrollo equitativo; Mazzucato, por su parte, subraya el rol del Estado Emprendedor en la innovación tecnológica (buen ejemplo de ello es Silicon Valley en EE.UU.), refutando la supremacía del sector privado; y Amsden, Wade, Lin, Lall y Lee destacan el éxito de los "Tigres Asiáticos" (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) mediante políticas estatales dirigidas, superando los resultados de las recetas liberales y consolidando un paradigma de soberanía económica y competitividad global.

DECÁLOGO DE FRIEDRICH LIST

1. Protección de la industria nacional: Las naciones en desarrollo deben implementar aranceles y políticas proteccionistas para fomentar el crecimiento de sus industrias locales frente a la competencia extranjera.
2. Prioridad al poder productivo: El desarrollo económico debe centrarse en aumentar la capacidad productiva de una nación, no sólo en la acumulación de riqueza inmediata.
3. Diferenciación entre economías: Las políticas económicas deben adaptarse al nivel de desarrollo de cada país; lo que beneficia a una nación industrializada no siempre es adecuado para una economía en desarrollo.
4. Importancia de la industria manufacturera: La manufactura es clave para el progreso económico, ya que genera innovación, empleo y riqueza sostenible.
5. Infraestructura como base del desarrollo: El Estado debe invertir en infraestructura (transportes, comunicaciones) para integrar mercados internos y fortalecer la economía.
6. Educación y formación técnica: El desarrollo económico requiere una población educada y capacitada, capaz de impulsar la innovación y la productividad.
7. Intervención estatal estratégica: El gobierno debe desempeñar un papel activo en la planificación y promoción de sectores económicos estratégicos.
8. Unidad nacional económica: La integración de los mercados internos y la cooperación entre regiones dentro de una nación son esenciales para el crecimiento económico.
9. Crítica al libre comercio absoluto: El libre comercio beneficia principalmente a las naciones ya industrializadas, mientras que las economías emergentes necesitan protección temporal.
10. Visión a largo plazo: Las políticas económicas deben priorizar el desarrollo sostenible y la independencia económica de la nación, en lugar de ganancias a corto plazo.

En defensa del Estado y el bien público

Qué duda cabe de que vivimos tiempos convulsos, marcados por una profunda confusión arraigada en el individualismo extremo y la lógica del "sálvese quien pueda". En este contexto, la importancia de lo público reemerge en su capacidad para cohesionar a las sociedades, promover el bienestar colectivo y contrarrestar las limitaciones del pensamiento liberal-libertario, que, al exaltar el individualismo y el mercado como reguladores supremos, suele sacrificar la equidad y la solidaridad. Desde los tiempos de la Revolución Francesa hasta el auge del neoliberalismo en el siglo XX, estas doctrinas han priorizado la libertad personal sobre las necesidades comunes, relegando al Estado a un papel secundario y propiciando desigualdades estructurales, concentración de poder privado y el deterioro de las instituciones que sostienen el bien común. En respuesta, el Estado se enaltece como una construcción histórica y soberana, destinada a mediar entre los intereses individuales y las demandas colectivas, ejerciendo su autoridad para proveer servicios esenciales, regular la economía y proteger a los sectores vulnerables. Lejos de ser un ente opresivo, como lo caricaturizan sus ignaros refractarios, el Estado ha sido, desde las polis griegas hasta las modernas democracias, un instrumento que equilibra libertad y justicia, encarnando la voluntad de una comunidad que trasciende al individuo y sienta las bases para una ética pública sólida.

Esta concepción del Estado como garante del bien común hunde raíces en tradiciones históricas diversas, que van desde las doctrinas de la Iglesia Católica o la unicidad islámica hasta la filosofía política china, todas las cuales privilegiaron la idea de comunidad por sobre el individualismo que hoy predomina en Occidente, considerándolo una aberración (Aristóteles: "el hombre que vive de espaldas a la sociedad es un dios o una bestia"). En la Europa medieval, la Iglesia católica no sólo predicó la caridad, erigió también los lugares de culto y las grandes catedrales como las de Siena, Notre Dame o Milán, como símbolos perennes de una organización social que integraba a todos bajo un propósito trascendente (podemos imaginar igual fin para las monumentales pirámides del antiguo Egipto), mientras en el islam el zakat y el califato aseguraban una redistribución equitativa liderada por la autoridad central. En China, el confucianismo dotó al Estado de un mandato celestial para preservar la armonía, visible en la magnificencia de la obra pública, entre las que destacan y preservan la Ciudad Prohibida o la Gran Muralla. Estas formas, opuestas al liberalismo emergente de la Ilustración, destacan cómo el poder centralizado y la obra social monumental reflejaba compromiso con el bienestar colectivo, sentando un precedente para entender el Estado no como un fin en sí mismo, sino como un medio para la cohesión social y la justicia distributiva.

La administración de lo público, sin embargo, requiere una ética rigurosa para evitar su degradación (el mal empleo de los recursos o corrupción administrativa), un principio que el sociólogo alemán Max Weber articuló en su teoría de la burocracia, donde abogó por una gestión racional, impersonal y profesional al servicio del bien común. Weber, influido por la Prusia de su tiempo, veía en la transparencia y la legalidad las claves para legitimar el poder estatal, una idea que resuena con las reflexiones del emperador Marco Aurelio y los estoicos, quienes sostenían que el bien público debe anteponerse a los deseos individuales, pues sólo en la virtud colectiva se encuentra la verdadera justicia. En el islam, el Imán Alí, una figura venerable, enfatizó que el gobernante debe actuar como un pastor que protege a su rebaño (el paralelo con el nazareno es evidente), priorizando la equidad y el servicio a los más necesitados, inspiración que resuena en las enseñanzas de doctos pensadores musulmanes como Al-Ghazali, quien defendió la idea de una autoridad central guiada por la moralidad para preservar la armonía social. Desde una perspectiva más contemporánea, John Rawls complementa esta visión con su teoría de la justicia, argumentando que el Estado debe priorizar a los más desfavorecidos. Estas ideas, surgidas durante siglos en el proceso de consolidación estatal y crítica al laissez-faire, subrayan que la burocracia y la planificación pública no sólo son herramientas técnicas, sino expresiones de una responsabilidad moral hacia la sociedad, un legado que sigue siendo relevante frente a los desafíos del presente.

Canalización del río Mapocho, una de las muchas obras públicas de JM Balmaceda, quien además creó el Ministerio de Obras Públicas y se dió a la tarea de industrializar y fomentar la soberanía económica de Chile.

Este rol activo del Estado como motor del desarrollo tomó sentido en las más grandes intelectualidades del siglo XIX, caso del economista prusiano Friedrich List, quien defendió la intervención estatal para fomentar el progreso económico, una visión que resonó en América Latina en líderes como nuestro José Manuel Balmaceda. Balmaceda, inspirado por el nacionalismo económico, impulsó ambiciosos planes de infraestructura, principalmente en ferrocarriles y caminos, para integrar el territorio y reducir la dependencia externa, un modelo que Carlos Ibáñez del Campo amplió en obras públicas que consolidaron la soberanía nacional, entre ellas la creación de la gran institución de Carabineros. La utilidad de estas iniciativas se extiende a proyectos como plazas, bibliotecas, autopistas, centros comunitarios y estadios, que no sólo facilitan la conectividad y el crecimiento económico, fortalecen también el tejido social al ofrecer espacios de encuentro, cultura y recreación accesibles a todos. Sociedades como la japonesa ejemplifican este enfoque: su civilidad pública, reflejada en el cuidado meticuloso de parques, trenes y bibliotecas, demuestra cómo la propiedad colectiva, cuando es valorada y mantenida por una ciudadanía comprometida con el bien común, amplifica el impacto de la obra pública. En Chile, los gobiernos radicales de las décadas de 1930 a 1950 sumaron a esta visión un énfasis particular en la educación pública, combatiendo la desigualdad y consolidando un proyecto nacional sustentado en la inversión estatal.

No obstante, el pensamiento liberal, al priorizar el interés individual sobre el colectivo, ha demostrado en múltiples ocasiones su potencial para la degradación ética y el colapso del bien común, adoptando un carácter entreguista que debilita al Estado al privatizar empresas públicas, mercantilizar la educación o ceder recursos estratégicos a las transnacionales, como ha ocurrido con el petróleo, el oro, las tierras raras, la energía o el agua en diversos países. En Chile, ilustrativo de este descalabro individualista son los robos de estatuas en cementerios o plazas públicas ordenados por el empresario y anticuario Raúl Schuller y la destrucción masiva de infraestructura durante el estallido social de 2019, hechos que reflejan un desprecio por el patrimonio colectivo y la ausencia de diálogo racional; en Oriente Medio, la dinamitación de la milenaria Palmira por el ISIS y la consiguiente venta de restos patrimoniales a coleccionistas privados demuestran que el lucro se antepone incluso a la ceguera y fanatismo religioso; y en Argentina, la más reciente y burda estafa de Javier Milei con LIBRA, bajo el escudo de la "libertad económica" traiciona escandalosamente la confianza pública. Estos casos, junto con la cesión de activos nacionales a corporaciones extranjeras —evidente en la ola neoliberal de fines del siglo XX—, ilustran cómo el liberalismo desregulado no sólo genera caos y oportunismo, sino que desmantela también la soberanía estatal, dejando a las sociedades vulnerables ante intereses privados globales y reforzando la necesidad de un Estado fuerte y ético.

Hoy felizmente, el evidente fracaso y desencanto con el liberalismo está dando pasos acelerados a un renacimiento del pensamiento estatista, corporativista y desarrollista, patente en el dirigismo de Rusia y China, donde el poder centralizado prioriza el desarrollo colectivo por sobre las libertades individuales, y en el auge de movimientos nacionalistas en Europa que rechazan la globalización y el progresismo. En América, tanto del norte como del sur, emergen tensiones entre el legado liberal y propuestas que revalorizan la intervención estatal, reflejando un agotamiento de las promesas de apertura irrestricta y un retorno a lógicas colectivas. Este giro, que empalma con las tradiciones históricas de cohesión social y las teorías de los mentados Weber, Rawls y List, sugiere una reconfiguración global del orden político y económico. En última instancia, la defensa del Estado y el bien público no es sólo una respuesta a los excesos del individualismo y su carácter entreguista, sino ante todo una afirmación de su capacidad, probada a lo largo de la historia, para construir sociedades más equitativas y sostenibles frente a los desafíos del siglo XXI. Como bien expresó San Agustín de Hipona: "La paz de todos reside en la justicia, y la justicia no es otra cosa que el amor ordenado al bien común", recordándonos que el Estado, en su esencia, debe ser un reflejo de esa aspiración moral hacia la armonía colectiva.